El 20 de marzo de 2002, agentes del FBI, aduanas, inmigración y la Agencia de Tabaco, Armas, Explosivos y Bebidas Espirituosas (ATF) registraban 19 oficinas y domicilios de Virginia y Georgia en la mayor operación contra la financiación del terrorismo en la historia norteamericana. Uno de los objetivos de la "Operación Green Quest" fue el domicilio en el extrarradio de Washington, D.C. de Iqbal Unus, físico nuclear, su esposa Aysha Nudrat y su hija de 18 años Hanaa.
 Iqbal Unus. |
- David Kane, el agente especial del Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos que firmaba el auto de 106 folios que motivaba el registro;
- Rita Katz, especialista privada en contraterrorismo y director de lo que ahora se llama SITE Intelligence Group; y
- "Todos los agentes federales anónimos aludidos… que participaron en el registro policial del domicilio de los demandantes". Esos agentes, denunciaban los Unus, "tenían conocimiento o debieron haberlo tenido de que el auto policial no contenía causa probable del registro… que buscaba documentos financieros". (Los agentes, llamados más tarde a declarar, eran 11 en total: cuatro inspectores de aduanas, cuatro inspectores de la agencia tributaria, un agente de Inmigración, un agente del servicio secreto y un perito postal).
Contra estos acusados se presentaban cargos de conspiración para "manipular acusaciones" relativas a que se hallaron en su domicilio documentos relevantes en la investigación de financiación del terrorismo. En lengua vernácula, los Unus denunciaban que Kane, Katz y los agentes federales se inventaron el motivo de la operación policial.
En otras palabras, los Unus achacaban el registro de su domicilio, decisión soberana del gobierno estadounidense, a empleados federales concretos, y de forma todavía más barroca, a un particular (Katz) que nunca había sido funcionario del gobierno estadounidense. Justificaban la demanda contra Katz porque ella había afirmado en su autobiografía, Cazadora de terroristas, y en el programa de la CBS 60 Minutes que había desentrañado la información que había conducido al auto de Kane. En consecuencia, los Unus consideraban que había " interés particular" tras la orden de registro y que era la fuente de "toda su información".[1]
La demanda de los Unus, cerrada hace poco, merece escrutinio porque encaja en un patrón común de lo que llamo explotación mendaz de los tribunales estadounidenses por parte de islamistas. Plantea varias preguntas: ¿Qué esperaban lograr los Unus con su demanda? ¿Cómo encaja este incidente en el plan genérico de las ambiciones islamistas? ¿Cómo pueden evitarse estos abusos del sistema jurídico estadounidense?
La demanda
El principal objetivo de los registros era un pequeño edificio de oficinas ubicado en el número 555 de Grove en Herndon, Virginia (fotografía), ubicación de más de un centenar de empresas comerciales, laboratorios de ideas, organizaciones religiosas y organizaciones de caridad sin ánimo de lucro íntimamente relacionadas entre sí y controladas por un reducido grupo de particulares conocidos colectivamente como "el Grupo Safa", en honor a una de las principales empresas de esa red o "red SAAR", acrónimo de Sulaimán Abdel-Aziz al-Raji, el financiero saudí que presuntamente habría financiado las empresas.
El auto judicial de Kane afirma que varios miembros del Grupo Safa "mantendrían una relación económica e ideológica con particulares y entidades de relación conocida con los grupos clasificados terroristas PIJ [Yihad Islámica Palestina] y HAMÁS". El auto vincula a Iqbal Unus con el Grupo Safa de dos formas principales. En primer lugar, afirma que trabajó para el Grupo Safa a través de cuentas de correo electrónico registradas en su domicilio, ocupando de forma diversa los puestos de gerente, responsable, director o administrativo y responsable de cuentas. Ocupó estos cargos en empresas del Grupo Safa como el Instituto Internacional de Pensamiento Islámico, el Consejo Fiqj de Norteamérica, la Fundación para el Desarrollo Infantil, el Fondo Sterling de Caridad, el Grupo de Gestión Sterling y la Organización Internacional de Caridad Islámica.
En segundo lugar, el registro del portal del Consejo Fiqj de Norteamérica, http://www.fiqhcouncil.org/, "identifica a Iqbal Unus como responsable de cuentas y contacto administrativo del dominio, con la dirección electrónica de contacto iqbalunus@aol.com. Según los registros proporcionados por America Online, la cuenta de correo electrónico iqbalunus@aol.com tiene por titular a Iqbal Unus en el número 12607 de Rock Ridge Road en Herndon". (Este dato tuvo particular relevancia al justificar el registro del domicilio de los Unus).
Esta documentación, sostenía el gobierno estadounidense, establecería el registro de Green Quest como "totalmente legal". La jueza del caso Unus case, Leonie M. Brinkema, convino. En enero de 2005, desmontó los argumentos de la familia Unus, desestimando el caso no sólo en cuanto a perjuicios[2] sino con desprecio: "no hay forma de que Katz pudiera ser responsable en este escenario demostrado".[3] Además, concluía que la demanda de la familia Unus contra Katz era "frívola, irracional o infundada", y les condenaba a pagar 41.105,70 dólares en concepto de costas.
Fallos posteriores refrendan esta sentencia: en noviembre de 2007, Brinkema accedía a una moción del gobierno para desestimar lo que quedaba en pie del caso Unus, que ponía el acento en las tácticas utilizadas por los agentes para entrar en su domicilio, rechazando la denuncia de la familia Unus por detención ilegal, asalto y agresión, conspiración y registro anticonstitucional con detención.
En mayo de 2009, los tres magistrados del estrado de la Sada Cuarta de Apelaciones ratificaban de forma unánime la sentencia de Brinkema, concluyendo que "los demandantes no han identificado de forma suficiente alguna alteración de los hechos contenida en el auto policial, y por tanto no han identificado cómo pudo haberles causado algún perjuicio Katz". La sala de apelaciones matizaba la sentencia Brinkema en un extremo único pero relevante – su resolución de que los Unus pagaran a Katz 41.105,70 en concepto de costas, con el argumento de que las acusaciones de los Unus "merecen consideración escrupulosa y rigurosa en una sala de justicia". La empresa legal de los Unus saltó por los aires totalmente al parecer.
Objetivos
Éste, sin embargo, constituye un prisma demasiado estrecho a través del que examinar la demanda Unus. Su objetivo no buscaría imponerse en los tribunales sino alcanzar múltiples metas fuera de la audiencia:
- Distraer a los detectives de contraterrorismo, los especialistas y los fiscales. La demanda obligó a Kane, a Katz y a los demás a perder tiempo trabajando con los abogados de la defensa y explicando a los jueces una investigación enormemente compleja, en lugar de proceder con más operaciones de contraterrorismo. (La propia defensa de los Unus admitió que le hicieron falta ocho horas al día durante cinco meses para comprender el escrito de Kane).[4]
- Acallar a estos mismos especialistas en contraterrorismo, que durante los años en los que se desarrolló la vista no podían hablar con libertad de los Unus ni de los sospechosos relacionados con el caso.
- Obstaculizar su labor. Por ejemplo, los Unus sostenían que los agentes del orden han de ser informados de las costumbres musulmanas antes de registrar un domicilio propiedad de un musulmán.[5]
- Desviar la atención. El caso Unus siguió a otras imputaciones (finalmente fructíferas) del Grupo Safa. Abdurajmán Alamoudi, uno de sus actores relevantes, firmó una declaración en 2003 admitiendo sus acuerdos de financiación ilegal con Libia, estado clasificado terrorista, y participando en una conspiración para asesinar al entonces príncipe heredero saudí Abdalá; cumple actualmente 23 años de cárcel. Solimán Bijeiri, también estrechamente vinculado al Grupo Safa, fue declarado culpable en 2003 y condenado a 13 meses y un día de cárcel, tras los cuales fue deportado. Youssef Nada, otro socio, fue declarado patrocinador del terrorismo por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Comité de Sanciones a Al Qaeda de las Naciones Unidas, al tiempo que su Banco Al Taqwa fue incluido en la Lista de Organizaciones Extranjeras que Patrocinan el Terrorismo.
- Recabar información útil para que Unus se defienda de una posible imputación, que se temería teniendo en cuenta que algunos de sus socios ya habían sido juzgados.
- Arruinar a los agentes que intentan sacar a la luz a los terroristas. Las costas de Katz alcanzaron los 41.105,70 dólares y también tenía otros dos pleitos relacionados. (Poco después de que Katz describiera en televisión en mayo de 2003 su papel en las operaciones y los presuntos vínculos del Grupo Safa con organizaciones terroristas, dos organizaciones del Grupo Safa la demandaron por difamación, el SITE Institute y CBS, reclamando 80 millones de dólares en compensaciones. Posteriormente retiraron sus cargos contra los tres acusados. Una granja de pollos de Georgia, registrada también en marzo de 2002 y descrita en el auto de Kane como "empresa del Grupo Safa", presentó una demanda por un importa sin especificar).
- Acaparar publicidad para los islamistas y granjear la simpatía hacia las víctimas de la persecución del Estado.
Más en general, las demandas destructivas encajan en un patrón de islamistas que explotan las propias herramientas de Occidente contra sí mismo, como los secuestros de aviones comerciales, el uso de internet y (en España) la manipulación del paisaje político en elecciones. Demandas trasnochadas como las de los Unus también cosechan beneficios para los islamistas:
En primer lugar, al atribuir la responsabilidad de acciones gubernamentales norteamericanas soberanas a particulares como Katz, alientan la tendencia conspirativa minando su autoridad. Así Richard Perle ha sido culpado de la decisión de la administración Bush de derrocar al régimen de Sadam Hussein y Steven Emerson y yo somos responsabilizados del registro de InfoCom Corporation en septiembre de 2001, así como de la propia Operación Green Quest.
En segundo lugar, los islamistas han convertido en costumbre valerse del sistema jurídico con demandas destructivas contra particulares, organizaciones y empresas que, al igual que Katz, se atreven a informar de ellos:
- La Fundación Tierra Santa de Ayuda y Desarrollo, declarada en 2001 "Entidad Terrorista Global de Calificación Extraordinaria", demandó al Dallas Morning News, a cuatro de sus periodistas y a su matriz Belo Corp., por difamación.
- La Fundación Humanitaria Global demandó al New York Times, a ABC News, a la agencia Associated Press, al Boston Globe, al Daily News, a la corporación Hearst Communications y a siete periodistas por unas crónicas de 2001 que afirmaban estaba canalizando fondos a terroristas de forma clandestina.
- Siete grupos musulmanes del municipio de Dallas demandaron a Joe Kaufman, de "Americanos contra el Odio", por un artículo que recogía los vínculos entre el Círculo Islámico de Norteamérica y grupos terroristas (Hamás, Hezbolá y probablemente Al Qaeda).
- La Sociedad Islámica de Boston presentó una demanda contra 17 particulares después de que medios y grupos judíos afirmaran que el grupo tenía conexiones con organizaciones terroristas y que había comprado suelo bajo cuerda al Consistorio de Boston
- Jadija Ghafur, responsable de la ya desaparecida Gateway Academy, inició un pleito por libelo contra la Liga Antidifamación afirmando que sus preocupaciones anunciadas (relativas a que la institución tenía conexiones con la organización terrorista Al-Fuqra y que utilizaba fondos públicos para proporcionar educación religiosa) formaban en realidad parte de "la asentada empresa de la ADL para denigrar a los musulmanes dentro de sus actividades de defensa de Israel".
- CAIR presentó una demanda por difamación contra el ex congresista Cass Ballenger (Republicano por Carolina del Norte), después de que hubiera afirmado que había denunciado a CAIR a las autoridades federales por ser "un brazo de recaudación de Hezbolá". CAIR también presentó un pleito por "libelo" contra Andrew Whitehead, de la organización Anti-CAIR, por tachar a CAIR de "organización fachada de apoyo terrorista" fundada por miembros de Hamás.
- CAIR-Canada, el brazo canadiense de CAIR, denunció a David Harris, antes agente del Servicio canadiense de Interior, junto a la emisora de Ottawa CFRA, porque Harris, en la CFRA, había planteado las conexiones fundamentalistas de CAIR y había instado a los medios canadienses a investigar la naturaleza de cualquier relación entre CAIR y la rama canadiense CAIR-CAN antes de tratar a CAIR-CAN como voz legítima de los musulmanes canadienses moderados.
Por último, los islamistas dificultan el normal funcionamiento del gobierno estadounidense iniciando pleitos contra instancias a cargo de la seguridad:
- Una explotación de pollos de Georgia parte presuntamente del Grupo Safa obtuvo mucha publicidad por demandar al Estado porque su abogado, Wilmer Parker, antiguo ayudante del fiscal, dijo que la fiscalía federal había hecho "acusaciones falsas con conocimiento de causa" para obtener la orden judicial de los registros. La demanda fue desestimada.
- Cinco ciudadanos musulmanes estadounidenses obtuvieron el apoyo de CAIR y la Unión Americana de Libertades Civiles al demandar a la Patrulla de Fronteras y Vigilancia Aduanera de los Estados Unidos por detenerles a su vuelta de una conferencia islámica celebrada en Toronto, conferencia que el cuerpo consideró potencial lugar de encuentro de terroristas. La demanda fue desestimada.
- Abdel Moniem Alí El-Ganayni, físico nuclear de origen egipcio, demandó al Departamento de Energía tras revocarse su permiso de seguridad tras una investigación que sacó a la luz que "había establecido o seguía teniendo vinculación amistosa con conocimiento de causa con un sospechoso de sabotaje, espionaje, terrorismo, traición, sedición, anarquía o revolucionario, o representante de un país extranjero cuyos intereses son contrarios a los intereses de los Estados Unidos".
Ganen o pierdan, las apuestas jurídicas de los islamistas alteran el funcionamiento de las agencias de orden público.
Tales demandas destructivas también conllevan riesgos, no obstante. No sólo son caras y acaban probablemente en ninguna parte, como la iniciativa de los Unus, pueden salir por la culata y causar daños a los demandantes. Los demandantes pueden parecer imprudentes cuando de pronto retiran las denuncias, como hizo el Consejo de Relaciones Islámico-Norteamericanas (CAIR) en su denuncia contra Andrew Whitehead o KinderUSA en su denuncia contra Yale University Press y Matthew Levitt, del Washington Institute for Near East Policy. Peor aún, Enaam Arnaout, director de la Fundación Benevolencia Internacional (BIF), hizo declaraciones en la demanda del colectivo contra el gobierno estadounidense que condujeron a la presentación de cargos en su contra por obstrucción a la justicia, fue declarado culpable y condenado a 121 meses de cárcel.
Recomendación política
El caso Unus y las demás demandas apuntan a un abuso del sistema jurídico que precisa de solución. Por suerte, existen medidas importantes hacia ese remedio, si bien dependen normalmente de los particulares: la legislación Anti-SLAPP, acrónimo de "Demanda Estratégica en contra de la Participación Pública". Una SLAPP, según California Anti-SLAPP Project, es en general "(1) una demanda civil o apelación; (2) presentada contra organizaciones o particulares; (3) surgida a partir de sus comunicaciones con el gobierno o del discurso en torno a una cuestión de preocupación o interés público". Cuando se cumplen estas condiciones, el tribunal podrá obligar al demandante a pagar los gastos de representación del demandado, entre otras costas.
La legislación funciona. La ADL presentó un requerimiento anti-SLAPP contra Jadija Ghafur, obligando al tribunal a desestimar su denuncia. KinderUSA retiró su demanda tan pronto los acusados presentaron un requerimiento anti-SLAPP, antes incluso de que la sala lo considerara. Pero la normativa Anti-SLAPP sólo está decretada de forma puntual; casi la mitad de los estados y el gobierno federal no la recogen. Asimismo, en demasiados casos la legislación es aceptada de forma demasiado concreta por los tribunales, lo que la convierte en una herramienta ineficaz para la defensa. Por ejemplo, en el caso de la Sociedad Islámica, el magistrado desestimó una moción anti-SLAPP basándose en que solamente las actividades directamente vinculadas a solicitudes al Estado, no actividades mediáticas, están amparadas por el código anti-SLAPP de Massachusetts.
Es hora de implantar una legislación federal uniforme anti-SLAPP, como se contempla ahora con el nombre de "Ley de Participación Ciudadana en el Estado y la Sociedad". Entre otros beneficios, esto ampararía a los activistas e investigadores que se enfrentan al terrorismo y el islam radical frente al uso interesado del sistema jurídico. Si la guerra contra el islam radical ha de librarse, todas las vías de ataque, tribunales incluidos, han de estar defendidas.
[1] Deborah St. John, "Transcripción de la vista" Iqbal Unus y compañía contra David Kane y compañía, 11 de enero de 2005, página.31.
[2] Leonie M. Brinkema, "Orden" del caso Iqbal Unus contra David Kane, 11 de marzo de 2005, página 3.
[3] Leonie M. Brinkema, "Orden" del caso Iqbal Unus contra David Kane, martes, 11 de enero de 2005, página 7.
[4] Deborah St. John, "Transcripción de la vista" Iqbal Unus contra David Kane, 11 de enero de 2005, página 27.
[5] Deborah St. John, "Transcripción de la vista" Iqbal Unus contra David Kane, 11 de enero de 2005, página 33.
Actualización 21 de agosto de 2011: Michelle Boorstein se fija en Iqbal Unus en "Padre fundador del islam estadounidense lucha por olvidar operación policial."
