En 1991, la provincia canadiense de Ontario aprobó lo que parecía en aquel momento una legislación ilustrada y multicultural. Llamada Ley de Arbitraje, estipulaba que si dos partes acordaban recurrir a un árbitro comercial, religioso o de otro tipo para zanjar un conflicto civil, las autoridades provinciales implementarían entonces el veredicto, mientras éste respetase el derecho canadiense.
"La gente puede utilizar cualquier árbitro que desee, y puede utilizar un marco religioso si es aceptable para las partes", observa Brendan Crawley, portavoz del Ministerio del Fiscal General de Ontario. "Si la decisión no es compatible con el derecho canadiense, entonces el tribunal no la incrementará. No se puede acordar violar la ley canadiense".
A lo largo de los años, judíos, católicos, testigos de Jehová, menonitas y aborígenes, entre otros, hicieron uso del arbitraje para zanjar cuestiones legales familiares sin utilizar el sistema judicial de Ontario. El sistema funcionó en silencio. "Si ha habido algún problema fruto de cualquiera de los veredictos del tribunal rabínico, no lo conozco", observaba el presidente del Congreso Judío Canadiense para la región de Ontario, Joel Richler.
Entonces, en octubre del 2003, una organización llamada Instituto Islámico de Justicia Civil propuso la creación de Juntas Musulmanas de Arbitraje (internamente se utilizó la terminología islámica para éstas, Darul-Qada). Como explicaba Syed Mumtaz Alí, fundador de la institución, las juntas, arbitrando según los preceptos de la ley islámica, la sharia, permitirían que un musulmán viviese según "el código completo de vida" del islam.
Un primer artículo informativo acerca de esta iniciativa apareció en noviembre del 2003; en cuestión de días, promovido por WorldNetDaily.com ("Canadá se prepara para implementar la ley islámica"), se puso en marcha un enorme debate. Una disposición de Ontario oscura hasta la fecha incitó una discusión a nivel nacional, e incluso concentraciones callejeras en 12 ciudades canadienses y europeas.
Llamativamente, la principal oposición llegó de los grupos musulmanes de mujeres, que temían que las mujeres aisladas e ignorantes se sometieran a la ineludiblemente misógina sharia, un código legal que permite que los padres prometan a hijas preadolescentes, que los hombres se casen con múltiples mujeres, que los maridos se divorcien por su cuenta sin responsabilidades, que los padres reciban automáticamente la custodia de sus hijos a partir de determinadas edades y que los hijos hereden más que las hijas.
La campaña anti-sharia tuvo éxito. El 11 de septiembre – tras casi dos años de debate público – el premier de Ontario, Dalton McGuinty, sostuvo que los arbitrajes de base religiosa "amenazan nuestros intereses compartidos". Anunció que "no habrá ley sharia en Ontario. No habrá arbitrajes religiosos en Ontario. Sólo habrá una ley para todos los habitantes de Ontario".
Su decisión significa que el arbitraje basado en la fe puede continuar funcionando, igual que hacía bastante antes de 1991, pero el gobierno ya no implementará sus veredictos.
Las fuerzas anti-sharia estaban por supuesto exultantes de júbilo. "Son las mejores noticias que he escuchado durante los últimos cinco años", decía Homa Arjomand. "Aún no nos lo creemos. Son noticias tan buenas. Es histórico", comentaba Nuzhat Jafri. "¡Estoy emocionado!", reaccionaba Tarik Fatah (antes de empezar a recibir amenazas de muerte).
La decisión de McGuinty tiene un pero, no obstante. Al actuar según la premisa correcta de que el islam debe ser tratado del mismo modo que las restantes religiones, determinaba que si los musulmanes no pueden disfrutar de la implementación estatal de sus arbitrios basados en la religión, nadie más puede. Por lo tanto, decía McGuinty, su gobierno introduciría "tan pronto como sea posible" la legislación para derogar la Ley de Arbitraje de 1991.
Este efecto colateral produjo una dolida reacción por parte de aquellos que perdían la implementación estatal de sus veredictos de arbitraje. Richler lo denunció como "una reacción automática contra el tema de la sharia". El rabino Rubén Poupko, de Montreal, añadía tristemente, "el gobierno de Ontario se sintió obligado a tirar el bebé junto con el agua de la bañera".
Que los judíos ortodoxos entre otros hayan salido perdiendo señala un patrón emergente en el que los esfuerzos por integrar a los musulmanes en Occidente trastornan un status quo benigno. Otros ejemplos recientes:
- Las monjas francesas tienen por primera vez que quitarse las cofias para las fotografías de identidad o del pasaporte a causa de la legislación anti-hijab. De igual manera, los escolares franceses no deben llevar cruces o estrellas de David a clase.
- Enormes grupos de población – usuarios del metro británico, pasaje del transporte aéreo americano, aficionados rusos al teatro – tienen que atravesar profusos controles de seguridad, gracias a los terroristas musulmanes.
- Los daneses que se casan con extranjeros afrontan extensas restricciones para introducirlos en Dinamarca a causa de abusos de la inmigración relacionados con musulmanes (el problema del "visado humanitario").
- Papá Noeles, obras de teatro navideñas, villancicos y bíblias están prohibidos en países occidentales con el fin de no ofender la sensibilidad musulmana.
Inadvertida para la mayor parte de los occidentales, la influencia del islam en nación extranjera ha comenzado a cambiar su estilo de vida.
