"Todo" no cambió el 11 de Septiembre, como algunos esperaron, pero una cosa ciertamente sí: la disposición del gobierno norteamericano a adelantarse a los enemigos antes de que actúen. Esta nueva política ha enfurecido a tantos que podría ser abandonada.
En los asuntos exteriores, la prevención reemplazó a la veterana política de la disuasión. Una serie de discursos establecieron la nueva política, culminando en la declaración de junio de 2002 de George W. Bush de que "nuestra seguridad requerirá que todos los americanos sean resueltos y previsores, que estén dispuestos a adelantarse a la acción cuando sea necesario para defender nuestra libertad y defender nuestras vidas". Nueve meses más tarde, la prevención justificaba la invasión de Irak antes de que los iraquíes hubieran atacado Estados Unidos, para ira de muchos.
En asuntos nacionales norteamericanos también, la prevención ha provocado gran consternación. En armonía con la Cuarta Enmienda a la Constitución ("El derecho del pueblo a estar protegido... de registros y búsquedas irracionales, no se violará, y ninguna orden de registro se extenderá, sino bajo causa probable"), las fuerzas del orden se han abstenido históricamente de detener a los criminales hasta que cometen crímenes realmente. Pero la Ley de Control de la Inteligencia Exterior de 1978 (FISA), reforzada por la USA PATRIOT Act de 2001, facilita detener a los terroristas antes de que actúen. Si existe causa probable de que alguien esté actuando como agente de un grupo terrorista extranjero, sin que haya también causa probable de que haya planeado o cometido crímenes, posibilita la vigilancia -- y la prueba resultante.
La semana pasada, una juez de una corte norteamericana de distrito en Oregón, Ana Aiken, utilizaba el caso de un tal Brandon Mayfield, un abogado de Oregón que fue acusado incorrectamente de terrorismo, como su vehículo para declarar inconstitucional esta provisión clave de la USA PATRIOT Act. Si es respaldada por las instancias judiciales superiores, su veredicto de rechazar los precedentes que respaldan a la ley tiene consecuencias potencialmente enormes y perjudiciales para el contraterrorismo.
El caso de Mayfield, sin embargo, ilustra la debilidad del argumento de Aiken:
Tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid que costaron la vida a 191 personas e hirieron a 2000, la Oficina Federal de Investigación comprobó un juego de huellas dactilares procedente de la escena española del crimen y generó la veintena de huellas procedentes de su sistema que más se aproximaban. Mayfield alega que los expertos del FBI llevaron a cabo comprobaciones de apoyo y supieron de su conversión al islam, y que este dato decantó la comprobación de sus huellas, llevando a un registro de su casa, seguido de su arresto. Pasó en la cárcel dos semanas, hasta que las autoridades españolas atribuyeron definitivamente esas huellas a alguien más.
Mayfield sostiene que tener en cuenta su religión fue ilegítimo y la corte convino con él. Sin embargo, las pruebas circunstanciales sugieren una conexión no circunstancial entre Mayfield y los atentados de Madrid, como he demostrado en una columna previa y una entrada del weblog. Esas evidencias incluyen a Mayfield habiendo:
- Rezado en la misma mezquita que varios individuos que se declararon culpables de conspirar para ayudar a los Talibanes.
- Ayudado a montar una rama de la Asociación Estudiantil Musulmana, una organización wahabí, en la Universidad de Washburn.
- Representado a Jeffrey Leon Battle - que fue condenado posteriormente a 18 años de cárcel tras declararse culpable de conspiración para incitar una guerra contra América – de manera desinteresada y en un careo bajo custodia.
- Publicitado su práctica legal con Farid Adlouni, alguien "directamente ligado por acuerdos comerciales" con Wadih El Hage, el ex secretario personal de Osama bin Laden más tarde condenado por conspiración para asesinar a ciudadanos americanos.
- Escrito una carta en apoyo a los Talibanes.
Además, el domicilio de Mayfield contenía artículos virulentamente antisemitas, su línea telefónica fue utilizada para contactar con Perouz Sedaghaty (alias Pete Seda), sospechoso de ser financiero del terrorismo, y alguien utilizó el ordenador de su domicilio para buscar viajes a Madrid, vivienda de alquiler en España, y una página web relacionada con el sistema nacional de transporte ligero de pasajeros, objetivo de los atentados de Madrid.
Estas pruebas, concluye correctamente la fiscal del estado en Oregón, Karin Immergut, "demuestran que el gobierno y sus agentes estaban actuando de buena fe" al encarcelar a Mayfield. Asimismo, el inspector General del Departamento de Justicia no encontró ninguna indicación de que "el laboratorio del FBI tuviera conocimiento de la religión de Mayfield" mientras analizaba las huellas digitales. Pero la juez Aiken, nombrada por Clinton, explotó el paso en falso de las fuerzas del orden para destripar la USA PATRIOT Act.
Ese acto ofrece una puesta al día crucial; los Padres Fundadores no anticipaban que un día un ciudadano norteamericano apoyaría a Al -Qaeda, mientras que el Congreso redactó la FISA para contener al espionaje soviético, no a células de Hezbolá. En caso de que el veredicto de Aiken prevalezca (que bien puede ser que no), el acto de terrorismo tendrá que tener lugar antes de que sus autores materiales puedan ser detenidos.
En la práctica, habremos vuelto al 10 de septiembre.
