Las políticas de contraterrorismo de la administración Bush tienen apariencia de duras, pero ante los tribunales se evaporan, favoreciendo constantemente no a las víctimas norteamericanas del terror, sino a los terroristas extranjeros.
Considere la demanda civil presentada a razón de un atentado suicida en Jerusalén en septiembre de 1997. Hamas reivindicó la autoría de los 5 muertos y los 192 heridos, 7 norteamericanos incluidos. Considerando que la República Islámica de Irán había financiado a Hamas, 5 estudiantes norteamericanos que resultaron heridos reclamaron daños y perjuicios.
El testimonio de los peritos demostró la culpabilidad del régimen a lo largo de un proceso de cuatro días, llevando al Juez Ricardo M. Urbina, bajo la Enmienda Flatow a la Ley de Inmunidad de la Soberanía Exterior, a imponer al gobierno iraní y su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria compensaciones y daños por valor de 251 millones de dólares.
Los demandantes buscaron activos económicos del gobierno iraní en los Estados Unidos que incautar, en cumplimiento de la desconocida sección 201a de la Terrorism Risk Insurance Act de 2002, la cual reza que "Al margen de cualquier otra provisión de la ley... en cada uno de los casos en los que se haya fallado a favor de un particular contra una parte terrorista con motivo de una demanda basada en una ley de terrorismo... los activos congelados de esa parte terrorista... serán objeto de liquidación".
Encontrar activos iraníes, sin embargo, demostró no ser tarea fácil, dado que la mayor parte de ellos habían sido retirados por las autoridades iraníes tras la crisis de los rehenes de la embajada de 1979-81. Así, el principal abogado de la defensa de las víctimas, David Strachman, de Providence, R.I., ideó algunos enfoques creativos, tales como retener hasta durante 70 años la inminente devolución de las antiguas tablas iraníes de arcilla prestadas a la Universidad de Chicago.
Strachman encontró solamente una reserva importante de efectivo del gobierno iraní: aproximadamente 150.000 dólares en el Banco de Nueva York, en una cuenta perteneciente al Banco Melli, el banco más grande de Irán y entidad propiedad del régimen en su totalidad. Sin embargo, cuando los demandantes reclamaron estos fondos, el Banco de Nueva York presentó una demanda federal solicitando una determinación legal en cuanto a qué hacer con los activos del Banco Melli.
La labor de las víctimas en este caso puede parecer fácil, teniendo en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos (1) entiende que el Banco Melli es "una herramienta propiedad en su totalidad" del gobierno iraní, y que (2) considera "parte terrorista" a ese gobierno.
Pero no, el Departamento norteamericano de Justicia "se personó en este caso como amicus curiae en apoyo del Banco Melli". Lo hizo, justificaba una portavoz del Departamento de Hacienda, "para garantizar de esta manera una lectura correcta" de la regulación norteamericana. Su escrito de asesoría al tribunal parece haber influenciado decisivamente a la juez del caso, Denise Cote, que adoptaba la postura conjunta Banco Melli - Departamento de Justicia con la totalidad de sus recomendaciones y en marzo del 2006 dictaba sentencia en contra de que los fondos fueran asignados a las víctimas. La apelación posterior en el Tribunal del distrito segundo también se alineó con el Departamento de Justicia, desestimando la demanda en abril de 2007.
Liberados entonces sus fondos, el Banco Melli los retiró inmediatamente del Banco de Nueva York y los transfirió lejos de la jurisdicción norteamericana.
La historia no termina ahí. El 25 de octubre, el Departamento de Estado anunciaba que el Banco Melli tenía en adelante prohibido el acceso al sistema financiero norteamericano porque "proporciona servicios financieros a entidades involucradas en los programas nuclear y balístico de misiles de Irán" al facilitar "copiosas compras de materiales sensibles". Además, concluía que el Banco Melli "fue utilizado para enviar al menos 100 millones de dólares a las organizaciones fachada de Irán, incluyendo aquellas que han entrenado a los miembros de Hamas que perpetraron el atentado de Jerusalén de 1997.
Esta incompetente animalada - Washington ayudando primero al Banco Melli, y después imponiéndole sanciones - encaja en un patrón más general de agencias federales que abogan en los tribunales por los terroristas.
- La justicia intentó proteger a Teherán de las demandas de las víctimas en el caso de la Universidad de Chicago.
- Se opuso a la asignación de apenas 10.000 dólares en fondos iraníes a una familia víctima de 1997; y cuando la familia ganaba el caso en un tribunal de distrito, presentó apelación al veredicto.
- Intercedió en Ungar vs. Hamas para evitar la asignación a los huérfanos de víctimas de 5 millones de dólares pertenecientes a la Fundación Tierra Santa, una organización de Texas procesada como fachada de Hamas.
- En Ungar vs. OLP y vs. Autoridad Palestina, el Departamento de Estado rescataba a la Organización para la Liberación de Palestina cuando los Ungar intentaban hacer valer la sentencia de 116 millones de dólares procedentes de un edificio de oficinas en Manhattan propiedad de la OLP.
¿No hay algo profundamente equivocado enel constante alineamiento del gobierno americano con los terroristas, y según Strachman, "no apoyando ni una sola vez a las víctimas de terrorismo a la hora de hacer valer sus veredictos de la justicia"? Sería deseable que no se vaya a necesitar una nueva catástrofe terrorista para solucionar estas equivocadas políticas.
