La decisión de la Sociedad Islámica de Boston la semana pasada de desistir de su demanda contra 17 acusados (incluyendo el especialista en contraterrorismo Steven Emerson) da pie a hacer un resumen con el fin de reconsiderar las ambiciones legales del islam radical.
La demanda era presentada porque, poco después de darse a conocer el centro islámico de 22 millones de dólares destinado a la Sociedad Islámica de Boston en noviembre de 2002, los medios y diversas organizaciones sin ánimo de lucro comenzaban a plantear cuestiones en torno a tres temas principales: porqué la Sociedad Islámica de Boston abonaba menos de la mitad del valor tasado de los terrenos que había adquirido; porqué un miembro del consistorio de la ciudad, que también es miembro de la junta directiva de la Sociedad, recaudó fondos para el centro mientras recorría Oriente Medio a instancias del contribuyente de Boston; y las conexiones de la Sociedad Islámica de Boston con el islam radical.
Bajo esta oleada de críticas, en mayo del 2005, la Sociedad Islámica volvía las tornas contra sus críticos con una demanda que les acusaba de difamación y conspiración para violar sus derechos civiles, a través de "un esfuerzo concertado y bien coordinado encaminado a privar a los demandantes... de sus derechos básicos de libre asociación y libre ejercicio de la religión".
La demanda agitó vigorosamente a los bostonianos durante dos largos años, y las relaciones judeo-musulmanas en particular. La presentación de pruebas, mientras que revelaba que los acusados estaban relacionados con la recogida rutinaria de noticias y el debate político, y que no tenían nada que ocultar, desvelaba el historial de extremismo y engaño de los demandantes. Novedosamente consciente de sus propias vulnerabilidades, la Sociedad Islámica de Boston retiraba su demanda el 29 de mayo con sus muchas denuncias de "falsas declaraciones", y lo hacía sin sacar un centavo.
¿Por qué debería importar este conflicto a todo el mundo, más allá de los implicados?
El movimiento islamista tiene dos alas, una violenta y una legalista, que operan por separado pero que se refuerzan entre sí. Su eficaz coordinación quedaba plasmada en Gran Bretaña el pasado agosto, cuando el estamento islamista monopolizaba el complot del aeropuerto de Heathrow encaminado a destruir aviones sobre el Océano Atlántico como invitación a presionar al gobierno Blair en favor de cambios en la política.
Una combinación coordinada similar tumba el debate abierto acerca de Mahoma, el Corán, el islam y los musulmanes. Violencia provocando centenares de muertos estallaba contra Los versos satánicos, las viñetas danesas, y el Papa Benedicto, creando un clima de miedo que añade contundencia política a demandas tales como la de la Sociedad Islámica de Boston. Como observaba Emerson recientemente cuando el Consejo Musulmán de Asuntos Públicos amenazaba con demandarle por declaraciones presuntamente falsas, "El recurso legal se ha convertido en el principal punto de apoyo de organizaciones islamistas radicales que pretenden intimidar y silenciar a sus críticos".
Tales demandas, incluyendo la de la Sociedad Islámica, a menudo son depredadoras, presentadas sin expectativas serias de ganar pero iniciadas con el fin de arruinar, distraer, intimidar y desmoralizar a los acusados. Tales demandantes no buscan tanto ganar como dejar con lo puesto a investigadores y analistas que, incluso cuando ganan, pagan con creces en tiempo y dinero. Dos ejemplos:
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Jalid bin Mahfouz vs. Rachel Ehrenfeld: Ehrenfeld escribió que Bin Mahfouz tenía vínculos financieros con Al Qaeda y Hamas. Él la demandaba en enero de 2004 ante un tribunal británico simpatizante del demandante. Él ganaba por ausencia de la acusada, recibiendo por sentencia 30.000 libras y una disculpa.
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Iqbal Unus vs. Rita Katz: registrado su domicilio en el curso de una operación del gobierno norteamericano, de nombre código Búsqueda Verde, Unus demandó a Katz, experta independiente en contraterrorismo, presentando en marzo de 2004 la acusación de que ella era responsable del registro policial. Unus perdió y tuvo que pagar las costas de Katz.
El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) inició un período de intensa litigiosidad en el 2003 y anunciaba ambiciosos objetivos de recaudación de fondos en favor de este esfuerzo. Pero el colapso de las tres demandas, en particular la presentada contra Andrew Whitehead, de "Anti-CAIR", parece haber instado a fecha de abril de 2006 a una reconsideración. Frustrado ante el tribunal, un miembro de la plantilla de CAIR se consolaba con que "la educación es superior al litigios".
Como observa Douglas Farah, los islamistas esperan claramente que las demandas muevan a investigadores y analistas a "cansarse del precio y la atención y simplemente cerrar la boca". Apenas el mes pasado, KinderUSA demandaba a Matthew Levitt, un especialista en financiación terrorista, y a dos organizaciones, por su afirmación de que KinderUSA financia a Hamas. Uno debe asumir en los islamistas planean más tribulaciones legales futuras para sus críticos.
Lo que me lleva a un anuncio: el Middle East Forum se dispone a establecer un "Proyecto Legal" con el fin de proteger a investigadores y analistas anti-islamistas y del contraterrorismo. Su trabajo vital no debe verse disuadido por la intimidación legal. En caso de litigio, necesitan estar equipados con la suficiente financiación y la representación legal más cuidada.
El prospecto en www.meforum.org/legal-project.php proporciona más detalles de este proyecto. Para unirse a nuestros esfuerzos, contacte con el Forum en LegalProject@meforum.org.
